Resumen de la importante declaración de Arias Mosquera –exvicepresidente del Banco Popular–.
La gravedad de lo que ocurrió para que el Popular* fuese incautado y vendido por un euro al Banco Santander, se entiende mejor cuando se escucha la declaración de José María Arias, ex-Vicepresidente dela entidad desde 2012, y miembro desde entonces de su Comisión de Auditoría. Actualmente es “casero” del Santander, en las instalaciones del mismo en La Coruña, a razón de seis millones de euros como renta anual, si bien se desconoce qué porcentaje del edificio está en uso.
Desde un punto de vista material podemos decir que Arias no objetó nada en su comparecencia contra la ampliación de capital, dando el visto bueno en la reunión de la Comisión de Auditoría de 25 de mayo, mismo día en que el Consejo aprobó dicha ampliación.
En dicha reunión, y para sorpresa de los presentes, Arias salvó su voto en el Consejo después de haber apoyado la operación en la Comisión de Auditoría, alegando que él hubiese preferido que la ampliación viniese acompañada de la compra de alguna otra entidad.
Arias justificó que una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente diluye a los accionistas (quizás le faltó decir que diluye a los que no suscriben la ampliación).
En cambio, la ampliación “baratita” que apoyaron después su amigo Del Valle y el chileno Luksic –presuntamente para quedarse el Banco Popular a precio de saldo-, excluía el derecho de suscripción preferente y por tanto el patrimonio del banco pasaba a sus manos sin posibilidad de que los pequeños accionistas suscribiesen su parte.
Añadió que no había tenido información suficiente sobre la ampliación, para aclarar después que los cálculos eran correctos, que desde un punto de vista legal y mercantil el proceso era irreprochable y que las cuentas estaban bien. Esto nos dará pie para informar en una pieza separada por qué realmente Arias salvó su voto.
Después de enfrentase al espejo de la ampliación, Arias se metió en el charco de la salida de Francisco Gómez y Ángel Ron.
En su relato la figura de Reyes Calderón se desvanece, aunque la coincidencia de abogados defensores entre los dos –Calderón y Arias– presagiaba algo similar a lo ocurrido.
Aunque dice que no hubo maniobras para cesar a Ron, enseguida cae en un relato inconexo hablando de la amenaza de Del Valle de convocar una Junta General para cesar a los consejeros que se oponían a su voluntad si Ron no se iba.
Tampoco pudo explicar demasiado bien el plan ideado por él y otros consejeros dominicales, destinado a descabezar la dirección ejecutiva y contratar a un experto en fusiones y ventas, Emilio Saracho; lo que acabó ocurriendo en perjuicio del propio Arias.
Efectivamente, el desarrollo del plan, trufado de filtraciones presuntamente intencionadas a la prensa, mentiras, y revelaciones de secretos, fue desastroso desde el punto de vista de gobierno corporativo, provocando un inmenso daño a la entidad, a sus directivos, a los empleados y a los clientes.
Su declaración rozó el esperpento y no le quedó más remedio que volver a cargar contra Saracho, así como contra un informe presentado por éste al Consejo del 30 de mayo de 2017, según él, absurdo, lleno de dudas, opiniones subjetivas y falto absolutamente de solidez.
Lo que es realmente relevante para la Causa es que Arias reconoció que Saracho no informó al Consejo de Administración de su viaje al Banco Central el 16 de marzo de 2017, en el que barajó que la resolución era una de las alternativas.
Es más, Arias negó su apoyo a la declaración de inviabilidad y puso de manifiesto que el acta que recoge la declaración de inviabilidad del Banco del 6 de junio de 2017 omitió el debate entre los consejeros y que Saracho entró con la conocida carta de comunicación de la inviabilidad al BCE diciéndoles a los consejeros “me han dado media hora para que todos me firméis la carta u os atengáis a las consecuencias”.
Finalmente también criticó duramente a la JUR y el proceso de resolución y valoración del Banco, puesto que dicho proceso –que habría sido provocado, al menos en parte, por su torpe actuación– acabó llevando por delante el patrimonio de la Fundación Barrié y del resto de accionistas.
Seguiremos informando.
* Un banco solvente, según la JUR, el FROB, el Ministerio de Economía, el Banco Central Europeo, el Banco de España y el Informe de los Peritos del Banco de España.
