Dos años después de su liquidación, el caso sigue su curso en la Audiencia Nacional. El foco se centra ahora en el agujero de 3.000 millones presuntamente ocultado por parte del Popular.
Esta semana (concretamente el viernes) se cumplirán dos años exactos desde que el Banco Popular fuese liquidado o, para ser más precisos, se liquidó el dinero de sus accionistas. Desde ese momento y ante la magnitud del escándalo, Fonfría Abogados se puso manos a la obra, interponiendo la primera querella en la Audiencia Nacional.
Tras la nuestra se sumaron muchas otras (más de cien), motivo por el cual el Magistrado-Juez, D. José Luis Calama, ordenó –el pasado mes de mayo– que las personaciones se agrupasen en solo diez, siendo la nuestra una de las elegidas.
También de forma paralela, se interpusieron decenas de demandas civiles –normalmente más costosas–, con resultado dispar dependiendo del Juzgado o la Audiencia, y siempre recurridas por el Santander (la entidad que adquirió el Popular por un euro), cada vez que el Fallo resuló contrario para sus intereses.
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El hito más significativo
Sin duda el hito más significativo ha sido la aportación del informe pericial realizado por los inspectores del Banco de España, que apunta a fallos contables e información engañosa en el folleto de la ampliación de 2016.
Por tanto, ante las evidencias ya parece más o menos claro que aquellos que adquirieron títulos con posterioridad a dicha ampliación, podrán recuperar la totalidad de su inversión.
¿Qué sucede con aquellos que hayan adquirido las acciones con anterioridad a la ampliación?
Para aquellos que hayan adquirido las acciones con anterioridad, se están preparando nuevos informes, que evidenciarían cómo el Santander podría haber adquirido el Popular sin sacrificar la totalidad del capital de los accionistas (los legítimos propietarios del banco).
Principales irregularidades:
- Provisiones insuficientemente dotadas.
- Evolución contracíclica de la morosidad*.
- Los folletos de las ampliaciones (también la relativa a 2012) inducían a una sensación de solidez irreal.
- Utilización de sociales opacas**.
- Tasaciones infladas.
- Sendos expedientes sancionadores por parte de la CNMV y el Banco de España.
- Irregularidad en las cuentas. Las primeras cuentas presentadas por Popular (una vez que el Santander toma el control) afloran provisiones –que deberían haber sido reflejadas en ejercicios previos a la liquidación–, por encima de los 3.000 millones. Asimismo, se sospecha que el banco presidido por Ana Patricia Botín habría provisionado 2.000 millones de más, con el objetivo de “blanquear” la absorción del Popular (por tan solo 1 euro).
* Mientras que el resto de entidades mejoraban esta cifra (especialmente desde 2013), el Popular no cesaba paraba de aflorar más créditos dudosos.
** Según parece, el Popular podría haberse servido de sociedades opacas (ubicadas en Luxemburgo), con la intención de camuflar las abultadas pérdidas de créditos inmobiliarios fallidos.
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