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En las declaraciones de Ángel Ron en los pasados días 30 y 31 de octubre ante el juez Calama, que instruye el caso del Banco Popular en la audiencia nacional, fue rotundo que los accionistas, representados en el Consejo del banco, estaban totalmente en contra de su cese.
Ha acusado a Saracho, a Del Valle y a Reyes Calderón de hundir voluntariamente al Banco Popular, y de urdir su salida de la presidencia desestabilizando el propio banco de forma intencionada.
Asimismo, les acusa de desentenderse de la gestión del banco y de estar solo trabajando para la venta del mismo. Les atribuye el hecho de “levantar las alfombras del banco” de forma intencionada para crear dudas sobre el mismo, así como de reformular las cuentas de una forma irrelevante, delirante temeraria y malintencionada, con el único fin de hundir a la entidad en la bolsa.
En cuanto a la ampliación, se ha manifestado la validez, legalidad y rotundo éxito de la misma (según su testimonio) y que el importe era el acertado y suficiente.
Fue muy duro en su relato de cómo fue su sucesión al frente del banco. Ron acusó al mexicano Antonio del Valle, entonces accionista y consejero del Popular, y a la exconsejera independiente Reyes Calderón de urdir su salida de cara a preparar la venta del banco.
En concreto, el banquero detalló que Reyes Calderón, según su versión, contrató por su cuenta y riesgo a una cazatalentos que buscase un sustituto a Ron, acción que incluso le reprocharon los miembros de la comisión de nombramientos.
Reyes Calderón, según Ron, actuaba coordinadamente con Del Valle, que a su juicio pretendía hacerse con el control de la entidad. En este sentido, Ron desveló que el mexicano le amenazó con desestabilizar el banco para lograrlo. Al respecto, Ron aseguró ante el Magistrado que ambos orquestaron una campaña de desprestigio de su persona y del banco en varios medios de comunicación con ese fin. La guerra está servida. Y al final los que pagan la factura, como siempre, son los pequeños accionistas que han perdido todo su patrimonio.
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