La implantación de un modelo de prevención de riesgos penales o Compliance constituye una acción que, necesariamente, debe ser específica para cada Fundación, conteniendo una serie de medidas y procesos concretos que minimicen los riesgos de comisión de un delito por parte de la propia organización o de sus trabajadores.
Para que dicho modelo pueda considerarse un eximente por el Juzgado o Tribunal que, en su caso, conozca del delito, debe demostrarse que la Fundación u organización ha guardado la debida diligencia respecto del comportamiento de sus patronos, de sus empleados y de sus voluntarios estableciendo, con carácter previo, una suerte de procesos encaminados al control de todos ellos en el ejercicio de sus funciones.
En concreto, Los criterios que han de presidir en todo momento la actuación de la Fundación son:
- El cumplimiento de la legalidad vigente.
- El cumplimiento del objeto social.
- La defensa de la viabilidad de la Compañía a largo plazo.
- El deber de transparencia
- La protección y fomento de los intereses generales.
- La defensa de los intereses públicos
- La vocación de servicio.
Organización corporativa
En el ámbito de la organización corporativa, la Fundación adoptará las medidas necesarias para asegurar:
- Que la dirección de la misma persiga la consecución del interés de la Compañía.
- La disponibilidad de los medios e incentivos correctos para hacerlo.
- Que la Dirección se halle bajo la efectiva supervisión del Consejo.
- Que exista un control efectivo de su gestión.
- Que, en su relación con los grupos de interés, en los términos definidos por los principios de la OCDE para el gobierno de sociedades, la Fundación respete las leyes y reglamentos, cumpla de buena fe sus obligaciones y contratos, respete los usos y buenas prácticas de los sectores y territorios donde ejerza su actividad, y observe aquellos principios adicionales de responsabilidad social que hubiera aceptado voluntariamente.
