Sin estabilidad la vida de la empresa no es que sea difícil, sencillamente es imposible.
Desde el Colegio de Registradores avisan: “Primero se fueron los grandes bancos, después las energéticas, y ahora son ya las pymes“.
La incertidumbre provocada por la situación política en Cataluña ha propiciado que las empresas de la región decidan cambiar su sede, como una medida preventiva ante la más que probable inestabilidad jurídica y social que se avecinará durante los próximos meses.
Ciertamente la medida no puede ser más sensata. En esencia, una pyme no es diferente de una gran empresa, y necesita un horizonte de certidumbre para prosperar, algo que de momento no se da en la región catalana.
Garantizar la seguridad jurídica y los intereses de sus clientes
Un traslado de sede no supone tener que cambiar la estructura operativa de la compañía, al contrario, ésta se mantiene, sólo que blindada ante posibles cambios que pudieran sobrevenir, especialmente en materia legislativa y fiscal.
Un buen gestor ha de velar siempre por los intereses de sus clientes (y sus trabajadores); trasladar el centro de decisiones a otra región cercana a la actual sede, no es una opción si con ello eliminamos aquellos riesgos que son “externos” a nuestro negocio.
No se sabe cuánto durará la incertidumbre
Esta situación puede durar semanas, pero también años. En este entorno de volatilidad, la empresa no puede sobrevivir. El fantasma de la recesión, que creíamos superado, otra vez asoma a la puerta.
Incluso los sectores más pujantes de la economía, como el turismo, empiezan a dar los primeros avisos, con descensos del 20% en las reservas hoteleras, de acuerdo a las últimas informaciones.
Decisiones de consumo pospuestas en el sector inmobiliario
Pero no sólo las empresas se están resintiendo. Las expectativas afectan a toda la economía, y el sector inmobiliario en Cataluña no es una excepción. Si la inseguridad continúa, las decisiones de inversión se verán resentidas.
En este sentido, el Decano del Colegio de Registradores apunta cómo ya se están aplazando la toma de decisiones sobre hipotecas a 20 años. Los políticos no viven en la realidad; las empresas sí.
