El Supremo dictaminará si la fórmula de cálculo de la Plusvalía Municipal es legal

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Comunicación



Los contribuyentes pueden recurrir sus autoliquidaciones por el Impuesto de la Plusvalía Municipal (IIVTNU o Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

Ponle coto a los atropellos fiscales.

La fórmula para calcular el Impuesto de la Plusvalía Municipal fue herida de muerte en el año 2010, cuando, por primera vez, un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (concretamente el Número Uno de Cuenca) determinó que había un error en el cálculo de la base imponible.

Concretamente, el error provocaba que el contribuyente pagase un exceso sobre el importe debido. En otras palabras: los ayuntamientos calculan mal la base imponible, pero siempre a su favor.

Dicha acción no puede considerarse ajustada a derecho, puesto que el elemento que ha de someterse a tributación sería, en todo caso, el incremento de valor del terreno experimentado durante los años de posesión del inmueble, y no el incremento que experimentará en el futuro (que es el resultado que obtienen los consistorios al emplear la fórmula equivocada).

En este sentido contamos con sentencias tan apabullantes como la de lo Contencioso Administrativo de Madrid (contra el cálculo realizado por el consistorio de Pozuelo de Alarcón), el TSJ de Valencia, el TSJ de Albacete, y la del propio Supremo, en relación con el caso anteriormente aludido de Cuenca.

Ahora, ante la existencia de numerosos recursos admitidos a tramitación, la Sala Tercera del Alto Tribunal deberá pronunciarse por segunda vez sobre la cuestión, y unificar Doctrina.

¿Cómo deben actuar los afectados?

Los contribuyentes deben recurrir las liquidaciones dictadas, o solicitar la rectificación de la autoliquidación que hayan presentado ellos mismos. De esta forma mantendremos con vida los recursos, sin llegar a la temida prescripción.

Según fuentes tributarias, en los últimos cuatro años los ayuntamientos habrían recaudado más de 10.000 millones de euros por el IIVTNU (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o Plusvalía Municipal), de los cuales cerca de 3.000 podrían haberse cobrado indebidamente. Este dinero aún puede reclamarse.

Plazo

Si somos nosotros quienes hemos presentado la autoliquidación del impuesto –es lo más habitual en las grandes ciudades–, tenemos hasta cuatro años para solicitar su rectificación (a partir del último día de plazo que teníamos para presentar dicha autoliquidación).

Si ha sido el Ayuntamiento quien dictó la liquidación, el plazo es de un mes (desde su notificación).

Fuera de Plazo

Si se nos ha pasado el plazo, deberemos interponer un recurso de procedimiento especial de revisión (más difícil).

Herencias

En los casos de herencias, independientemente de que podamos recurrir la fórmula, existen determinados supuestos que permiten bonificar el pago del impuesto.

De ahí que los herederos deban buscar asesoramiento legal e informarse de las distintas posibilidades a su alcance, de acuerdo a sus circunstancias y las bonificaciones disponibles.

No obstante, desde estas líneas nos sumamos a la idea planteada por algunas plataformas, de dejar exento el pago de la plusvalía en las herencias, dado que no hay una transacción económica como tal (no existe compraventa alguna), sino un mero cambio de titularidad.

¿Puede el Supremo modificar la fórmula?

Ningún Tribunal puede asumir las tareas propias del poder Legislativo. En consecuencia, su misión simplemente será determinar si la fórmula de cálculo del impuesto es la correcta a la hora de fijar la base imponible.

Una vez fijado el criterio, competerá al Legislativo tramitar, con la máxima celeridad posible, la nueva fórmula (esperemos que ajustada a derecho).

No es el caso del Constitucional

Un matiz importante. Este caso no es el mismo que el enjuiciado por el Constitucional, el 11 de mayo de 2017, donde se declaró la inconstitucionalidad de los artículos. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del impuesto, en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

El Tribunal Supremo simplemente decidirá si la fórmula de cálculo es correcta, pero sin enjuiciar la posible vulneración del artículo 31 de nuestra Carta Magna.

Para más información: 960 600 047. Atendemos en toda España.



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