El TSJ de Andalucía condena a Benalmádena a devolver una Plusvalía Municipal de 121.800 euros

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Comunicación



El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictamina que, en las reclamaciones por Plusvalía Municipal, debe ser el ayuntamiento quien demuestre que, efectivamente, ha existido beneficio con la transmisión.

Plusvalia Municipal Fonfría Abogados
Plusvalia Municipal Fonfría Abogados

Nueva Sentencia a favor del contribuyente por Plusvalía Municipal. En esta ocasión es el Tribunal de Justicia de Andalucía quien asesta un nuevo revés judicial a un ayuntamiento por este concepto.

En concreto, el consistorio implicado es el de Benalmádena (Provincia de Málaga), donde, a pesar de la Sentencia del Constitucional del pasado año, se tiene el descaro de continuar exigiendo el tributo, incluso en los casos más sangrantes.

El Fallo del Tribunal condena a devolver completamente una plusvalía de casi 122.000 euros –un escándalo– a una humilde vecina “obligada” a vender su propiedad en 2014, después de haberla adquirido hace diez años.

Dicha Resolución corrige la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3, que previamente le dio la razón al Ayuntamiento.

Motivos

El defecto –ya aludido en anteriores ocasiones– a la hora de fijar la base imponible mediante la aplicación automática del método legal, que ha sido declarado inconstitucional, partiendo de un valor catastral del suelo (1.265.466 euros), sin que la Administración aporte prueba alguna de la existencia REAL del hecho imponible, que demuestre el efectivo incremento de ese valor desde que fue fijado, hasta la fecha del devengo.

Así, bajo el criterio aplicado por el ayuntamiento para calcular la base imponible –de manera automática– obtenemos una cuota tributaria DESPROPORCIONADA, debido a un doble motivo o razón:

  • El crecimiento –irreal– de ese valor catastral.
  • La no utilización de fórmulas matemáticas alternativas, que justifiquen adecuadamente cómo se ha generado el incremento que, de oficio, presume la Administración.

En principio el ayuntamiento no recurrirá el Fallo.

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Alegaciones del consistorio

El Consistorio manifestó que la propietaria, de acuerdo con las escrituras, compró los terrenos en el año 2004 por 490.00 euros, cuando en realidad su valor catastral era de 98.000.

En 2014 vendió la propiedad por 1.670.000 euros, siendo el valor catastral –fijado en 2006– de 1.265.000.

No obstante, los Magistrados, al igual que ya han hecho sus homólogos de Madrid, Cataluña, Canarias o Navarra, no han admitido estos documentos como probatorios del incremento de valor.



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